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Ser parte de la Comunidad LGBT y vivir en Argentina

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Como parte de una colobaroación realizada con la Asociación Civil El Clóset LGBT, Cintia de Castro, de nacionalidad argentina, realizó una serie de artículos sobre la realidad de la diversidad sexo-genérica en su país natal. A continuación, te presentamos parte de su investigación:

En términos generales, ha aumentado las situaciones de violencia contra la comunidad LGBT, afirma la titular del Instituto Contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y secretaria general de la FALGBT, María Rachid. Y explicó que la reivindicación desde el Estado y los medios de valores que tienen que ver con la intolerancia, la discriminación y el aumento de la violencia institucional es una de las causas.

Rachid concluye que lo más urgente es“que el proyecto de Ley Antidiscriminatoria Nacional, que se volvió a presentar en el Congreso, sea una verdadera oportunidad para garantizar acceso a la Justicia en los casos de crímenes de odio contra las personas LGBTI”.

Las actitudes, leyes y prácticas discriminatorias, junto con la inadecuada protección legal, exponen a la comunidad LGBTTTIQ+ de todas las edades y de todas las regiones del mundo, a violaciones atroces de sus derechos humanos, incluido el derecho a la privacidad y la no discriminación. También alimentan el estigma, limitan o niegan el acceso a los servicios de atención médica y condenan a las personas LGBTTTIQ+ a la clandestinidad, perjudicando el disfrute de su salud sexual y reproductiva.

En Argentina durante el 2017, 103 personas fueron víctimas de crímenes por su orientación sexual o identidad de género de acuerdo con un informe realizado por la Federación Argentina LGBT, que también advirtió que hubo un aumento muy alarmante de un 500% en casos de violencia física que no terminaron en muertes en comparación del 2016.

Sin embargo, hay una dificultad en particular, no todas las personas trans asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género y no todos los crímenes contra lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan porque en muchos casos se oculta la orientación sexual.

Dicho informe indica que hubo 103 agresiones, asesinatos o hechos de violencia física por discriminación, tanto por orientación sexual, expresión e identidad de género. El 58% de los casos son de mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), el 30% son varones gays, el 9% lesbianas y el 3% varones trans. De los 103 casos, 13 son asesinatos (11 mujeres trans, un varón trans y un varón gay) y 90 violencia física.

Es desconcertante saber que estos crímenes de odio utilizan métodos de tortura, donde no solo el objetivo es quitar la vida, sino también dejar sus cuerpos destrozados. El 70% fueron cometidos con golpes, balazos, puñaladas y abuso sexual, donde también hubo estrangulamiento, ahorcamiento y asfixia. Cabe destacar que el 79% fueron cometidos por personas privadas, como por ejemplo clientes del trabajo sexual, y el 21% restante por personal de fuerzas de seguridad.

El porcentaje más alto de los crímenes registrados ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego le sigue la provincia de Buenos Aires, luego la provincia de Santiago del Estero y Tucumán, en quinto lugar, se encuentra Salta, Córdoba y Neuquén.

En 2018, el informe señaló que la situación actual de precarización de las vidas de lesbianas, gays, bisexuales y trans, un panorama de múltiples exclusiones y vulneraciones de derechos que esta población vive cotidianamente pone en evidencia “la necesidad de políticas públicas eficaces y acordes a la urgencia, que demuestren el compromiso del Estado argentino con esta población históricamente vulnerada y que permita pasar de la inclusión legal a la inclusión social real.

Se registró desde el 1° de enero hasta el 31 de junio de 2018, 52 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para lavulneración de derechos, donde del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registradas, el porcentaje más alto corresponde a varones gays cis con el 46%, en segundo lugar con el 40% se encuentran las mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros) y en tercer lugar con el 14% de los casos le siguen las lesbianas.

De todos los crímenes de odio registrados en el 2018, el 17% corresponde a asesinatos y el 83% restante a casos de violencia física que no terminaron en muerte; es decir que, en el primer semestre del año murieron por discriminación por orientación sexual, identidad de género y/o su expresión, 9 personas de la comunidad LGBT:cinco (5) varones gays cis y cuatro (4) mujeres trans. El 23% de los casos ocurrieron en viviendas. De ese porcentaje el 19% corresponde a la vivienda particular de la víctima – y está directamente relacionado con la violencia doméstica y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación – el 2% a viviendas compartidas por la víctima y el agresor, y el restante 2% a otras viviendas.

El 11% del total representa los casos ocurridos en establecimientos privados de acceso público, el 6% a establecimientos privados y el 4% a establecimientos públicos. Por último, el 14% restante es la sumatoria de los crímenes de odio en donde los cuerpos se encontraron en descampados, terrenos baldíos, basurales, rutas, caminos, zanjas, canales, pozos y vehículos.

El Estado tiene el deber y obligación de sancionar las demandas realizadas y actualizar las leyes, que no sólo podrían frenar y revertir estos índices de violencia sino que además darían verdaderas oportunidades de una vida plena de derechos y en igualdad a las personas LGBTI: entre ellas, la reforma integral de la ley nacional de actos discriminatorios; la sanción definitiva de una ley integral para personas trans que contemple el acceso a todos los derechos; la sanción de una ley nacional de cupo laboral para personas trans en el ámbito público e incentivos impositivos en el ámbito privado para promover la inclusión laboral; la sanción de una ley que garantice el carácter laico de la educación pública y de una ley de trabajo sexual autónomo para la inclusión de las trabajadoras sexuales en el sistema laboral, garantizando sus derechos como trabajadoras y protegiéndolas de abusos y discriminación.

La Federación Argentina LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) declaró que las personas trans (travestis, transexuales, transgéneros) aún ven vulnerados sus derechos, incluso ocho años después de que se aprobara el matrimonio igualitario en el país, por lo que pidió «igualdad real para todos».

Por: Cintia de Castro

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